Al respecto, María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, aseguró que la solicitud presentada por la ONG busca proteger los derechos humanos a la salud y medio ambiente sanos, estipulados en el artículo 4 de la Constitución.
Del mismo modo, Colín especificó la diferencia de la suspensión provisional obtenida por el organismo en comparación con las obtenidas por parte de las empresas.
“La
no incluyó los artículos cuarto y quinto transitorios de las modificaciones a la LIE; referentes a permisos de autoabastecimiento y contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía”, especificó.
Con el despacho propuesto en la reforma, las centrales hidroeléctricas entrarían primero a brindar el servicio; seguido del resto de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), muchas de las cuales hacen uso de combustóleo en sus procesos.
Ante esta panorama, Colín recordó que el combustóleo ha sido prohibido en casi todo el mundo. Este residuo es el que queda después del proceso de refinación del petróleo crudo. Al quemarse, este produce partículas de dióxido de azufre (SO2), dañinas para las personas y el ambiente.
Finalmente, la organización pidió a las autoridades a investigar y castigar actos ilícitos en los cuales hubiesen incurrido empresas o funcionarios al entregar concesiones para operar parques privados generadores de electricidad.
Fuente: energía hoy